¿Por qué no una carrera política?

Tal y como nos informan algunos medios de comunicación -Público-, el Tribunal de Cuentas ha publicado el Informe de Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2010.

En este informe que, con carácter anual, elabora el Tribunal de Cuentas, esta institución analiza el comportamiento de las Entidades Locales en materia de Haciendas Locales (cumplimiento de plazos legales, gasto e ingreso público, rendición de cuentas, liquidación de ejercicios presupuestarios, etc.). Para el ejercicio 2010, el Tribunal de Cuentas añade una novedad: la comparación de los sueldos de alcaldes y concejales con el resto de cargos públicos del Estado y Comunidades Autónomas.

Tal y como está planteado el estudio, desde mi humilde punto de vista, da pie a que se puedan realizar análisis parciales sobre sus datos. Se podría pensar, en línea con el pensamiento oficial existente hoy en España, que los Ayuntamientos son unos derrochones con los sueldos de sus políticos.

Bueno, las cifras del informe deben ser analizadas teniendo en cuenta la realidad del contexto municipal y, en este sentido, el propio informe admite sus limitaciones: los trabajos se han centrado en las retribuciones percibidas por los miembros de los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares de población superior a 50.000 habitantes, esto es, 187 entidades en total, de las cuáles, respecto a los ayuntamientos, no todos han proporcionado los datos para el estudio, sólo lo han hecho 124. Inclusive, se ha excluido a los consistorios de dos comunidades enteras: la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco.

Había en el año 2010 en España un total de 8.114 municipios -INE-. A partir de aquí, juzguen ustedes:

1º) De entrada, los Ayuntamientos estudiados representan el 1,53% del total de Ayuntamientos existentes en España.

2º) Además, está obviando completamente la realidad del municipalismo español: la de esos Ayuntamientos inferiores a 50.000 habitantes, que representan a la mayoría de nuestros consistorios, y cuyas arcas públicas no dan para tirar cohetes (aunque también en este ámbito, como en todos lados, cuecen habas). Si el estudio los hubiese incluido, las medias que de él se extraen hubiesen variado sustancialmente. ¡Seguro¡.

3º) Los siete alcaldes que cobraron más que el Presidente del Gobierno según refleja la noticia y confirma el informe, representan el 0,09% del total de Alcaldes existentes en España, perteneciendo alguno de ellos a los Ayuntamientos más importantes, como el de Madrid, Barcelona y Valencia, y otros a Presidentes de Diputaciones.

4º) Los once Ayuntamientos en los cuales el salario medio de sus concejales superó al de un ministro representan el 014% del total de municipios.

5º) Asimismo, los 53 Alcaldes o Presidentes de Diputación cuyos sueldos superaron a los presidentes de su Comunidad Autónoma representan el 0,65% del total de alcaldes existentes.

Y así podríamos seguir…

Se critica, en demasiadas ocasiones bajo mi punto de vista, que la normativa local reguladora de los sueldos de alcaldes y concejales (Ley de Bases del Régimen Local) sea parca en la regulación de esta materia, con el consiguiente amplio margen de decisión que tienen los plenos municipales para fijar las retribuciones políticas, obviándose que este marco regulador es similar al de las Comunidades Autónomas y al del Estado, quienes igualmente, a través de la creación y modificación de sus leyes, disponen de plena autonomía para regular los sueldos y retribuciones de sus cargos públicos. Y ello es así en consonancia con el principio de autonomía competencial y financiera que la Constitución consagra para todas las Administraciones Públicas.

No entiendo por qué, otra vez, se cuestiona este ámbito de discrecionalidad en los Ayuntamientos y, sin embargo, se calla de nuevo en lo que al Estado y Comunidades Autónomas se refiere. Bueno, sí que lo entiendo: se añade un elemento más de crítica hacia la Administración Local, que facilite el camino iniciado y seguido por este y anteriores gobiernos estatal y autonómico: la reforma del régimen local, expresa o tácita, cuyo objetivo no es otro que el de disminuir la autonomía competencial y financiera de los Ayuntamientos, autonomía de por sí suficientemente maltrecha y nunca solucionada en este país (y, si no, ¡¡¡que se lo pregunten a los más viejos del lugar!!!).

Es obvio que un alcalde o concejal no puede cobrar más que un Ministro o un Secretario de Estado, para ello, ya lo decía en otro post -Erre que erre con los ayuntamientos-, se pueden aplicar fórmulas . Pero también es obvio, al menos a mí me lo parece, que un Ministro o un Secretario de Estado no debería acceder a la cúspide de la Administración Pública sin antes haber pasado por la más cercana, y esto ocurre casi siempre.

Todos los presidentes de comunidades autónomas y de gobierno, todos sus ministros, consejeros y restantes altos cargos de la Alta Administración Pública, debieran de realizar lo que yo humildemente llamo una Carrera Política (a semejanza de la Carrera Administrativa en la que, antes de ser Jefe de Servicio, un funcionario público ha debido pasar por puestos administrativos de menor nivel), obligándose así, a la clase política, a pasar por todos los ámbitos de la Administración Pública -Administración Local, Administración Autonómica y, finalmente, Administración Estatal- antes de alcanzar la cúspide. Con este modelo, creo, habríamos dado en este país un salto cualitativo muy importante en cuanto a las capacidades de nuestros gobernantes, pues, entonces, tras cuatro años en la Administración Local, viviendo de cerca los problemas reales de las personas, se miraría a esta Administración con ojos más comprensivos y todos, a través de las políticas de nuestros gobernantes, seríamos más conscientes de las posibilidades que este ámbito administrativo ofrece, gracias a esa mayor cercanía que tiene con los administrados…¡Hablemos también de esto!.