Erre que erre con los Ayuntamientos

Tengo más de trece años de experiencia en el ámbito de la gestión municipal y muchos más interesado en la función de estas instituciones como mecanismo para mejorar el bienestar de las personas. Los Ayuntamientos, ni antes ni ahora, han conseguido levantar cabeza. Se dice, con razón, que la Administración Local siempre ha estado en crisis.

La fijación de los gobernantes estatales y autonómicos por esta Administración (sobre todo los primeros —a los segundos les va bien con aprovecharse de los recursos municipales para beneficio propio, ¡no van a matar la gallina de los huevos de oro!—) raya la obsesión crónica, entendida ésta como aquel “estado en el que un determinado pensamiento o impulso se muestra recurrente y persistente sin que el sujeto afectado consiga apartarlo” (Doctissimo) o el más científico de la CIE 10 “ideas, imágenes o impulsos mentales que irrumpen una y otra vez en la actividad mental del individuo (el enfermo, en esta caso, el gobernante) de una forma estereotipada” (Psicoactiva, Revistahospitalarias).

El actual Gobierno de la Nación, interesadamente en mi opinión, parece repetir este estado mental, según informa El Confidencial: “los Ayuntamientos que no presenten cuentas o incurran en déficit perderán las competencias“.

No voy a contar nada nuevo para un municipalista: del total de los recursos existentes en el País los municipios gestionan aproximadamente un 13% (las cifras suelen bailar entre el 13% y el 15% según épocas), mientras que las Autonomías un 33% y el resto, el Estado. Y, sin embargo, se mueve…

La Administración Local fue la gran olvidada en la configuración del Estado surgido con ocasión del debate territorial habido en el año 78, año de promulgación de nuestra actual Carta Magna. Y, a pesar de ello, erre que erre, año tras año, la fijeza por meter mano a los recursos municipales no cesa, ya sea, como en este caso, retirando competencias, ya sea, en otros como viene siendo históricamente, controlando sus recursos (de ese 13% la mitad está controlado por el Estado vía transferencias directas, un 30% por las Comunidades Autónomas a través de subvenciones y el resto es de gestión propia municipal, principalmente recaudación vía IBI y tampoco completamente).

Aprovechar la crisis para adelgazar aún más a la Administración Local, responsabilizándola de derroche (haberlos, hailos, sí, como en otras partes), como si fuese una de las principales causas de la actual crisis económica, me recuerda a ese hilo argumental que, de forma similar y dicho machaconamente, pretende cargar sobre las espaldas del pobrecito de turno el origen de todos los males: “es que hay mucha gente que ha vivido por encima de sus posibilidades”, se dice en el discurso oficial (porque sepa que si usted es de los que ha comprado su televisor de plasma a plazos también es de los que ha vivido por encima de sus posibilidades).

Dudo de la constitucionalidad de la medida que se prepara: oiga, ¿cómo pretende usted vaciar de contenido a un Ayuntamiento cuando su autonomía, económica y competencial, vienen consagradas en los artículos 140 y 142 de la misma Constitución?; Constitución que tantos se afanan en defender y no cambiar —sustituir—, claro eso sí, según vaya el viento. Pues, muy sencillo —podría responder alguien informado—, como siempre se ha hecho hasta ahora: haciéndolo…!verá usted como no ocurre nada¡ (sic).

El mecanismo que se pretende imponer es bastante sencillo: aquél Ayuntamiento que incurra en déficit, de manera temporal hasta que reconduzca la situación, sus competencias pasarán a manos de las Diputaciones, los Cabildos Canarios o los Consejos Insulares Baleares. Vaya, resulta que en aras de la reducción del gasto público hay quien defiende la no duplicidad de competencias y estos mismos pretenden dar aún más competencias a aquella Administración que, precisamente, en mayor medida se caracteriza por gestionar competencias de otros (lo llaman interesada y eufemísticamente “coordinación entre municipios”). Pero ahora no toca vapulear a las Diputaciones, toca, porque así es la tarea del buen gobernante, defenderlas. Además, ¿cómo se pretende reconducir un déficit que es crónico en la Administración Local?. Hombre, parece usted tonto, diría esa misma persona, con despidos y privatizaciones, claro. Ah!.

A uno de enero de dos mil doce existen en España 8.116 municipios (INE). Bueno, podría pensarse que más de ocho mil municipios son demasiados. Pero esta situación responde a la propia configuración de nuestro País, de enormes dimensiones y con poblaciones muy dispersas y alejadas entre sí. Si suprimimos municipios o los vaciamos de competencias nos encontraremos con parte de nuestra población desasistida o con importantes déficits de servicios públicos (pensemos en el caso de aquellos que deban trasladarse varios kilómetros para ser atendidos en un centro de salud de urgencias, cofinanciados entre Autonomía y Ayuntamiento por lo general).

Existen mecanismos legales que, en mi opinión y aunque sea a costa de pérdida de autonomía, servirían no sólo para ahorrar costes, sino también, para clarificar y poner en orden ciertas cuestiones económicas en el ámbito local sin necesidad de acudir a estas vías “vaciadoras de competencias” o “supresoras de ayuntamientos”, medidas, entre otras, como la regulación de los salarios de Alcaldes, Concejales y personal de confianza a través de una ley estatal, estableciendo unas cantidades preestablecidas en función de uno o varios criterios como pudieran ser el número de habitantes y/o la extensión del término municipal; una ley de carácter estatal tal y como ya se hace anualmente a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado con los salarios de Presidentes, Ministros, Magistrados, Jueces, Secretarios judiciales, etc.

Pero no aprovechemos que el Pisuerga pasa por Valladolid para vender lo que no es: la Administración Local como una de las principales responsables de esta crisis. Tendrá su parte alícuota, obviamente, y la tendrán sus concretos gobernantes —no tan obvio pero que debiera serlo—; pero no demonicemos a esta Administración, sobre todo porque toda ella ha estado en permanente crisis, y de esta crisis nunca ningún gobierno estatal ni autonómico se ha preocupado en solucionar. Pero esto…esto es otra historia.