Observatorio sobre la Violencia de G


Recientemente el Observatorio contra la violencia doméstica y de género integrado en el Consejo General del Poder Judicial ha publicado su informe anual sobre los datos de denuncias, procedimientos penales y civiles, órdenes de protección y sentencias dictadas en materia de Violencia de Género en nuestros juzgados y tribunales de justicia correspondiente al año 2012.

De la información que arroja dicho informe sintetizo lo siguiente, información de la que he obviado los aspectos más técnicos a costa de una menor precisión, esperando conseguir un mayor entendimiento por todos.

En el año 2012 ha habido un total de 128.543 denuncias, lo que supone un decremento respecto al año 2011 del 4,1%, de las cuáles 157.629 lo ha sido por asuntos penales (lesiones, amenazas, injurias y vejaciones injustas, principalmente), mientras que los procesos judiciales iniciados por medidas civiles en materia de Violencia de Género han sido 20.473 asuntos, muy lejos del total de denuncias penales.

Sin ánimo de minusvalorar el problema, me ha sorprendido el número de renuncias al proceso: 15.592, lo que representa un total del 12,13% del total de las denuncias interpuestas. Me ha sorprendido porque, como ya dijera en otra entrada del blog (Violencia de Género), una de las tareas más complejas a las que me enfrento en mi quehacer profesional en este ámbito del Derecho es conseguir que la víctima, por sí misma, por convencimiento propio, mantenga la acción para alcanzar una sentencia. Y me sorprende porque, insisto, aun sin menospreciar el dato, resulta importante que sólo el 12,13% de los procesos incoados finalice con renuncia. En cualquier caso, supone un 0,9% más que el año anterior.

Los tipos delictivos que en mayor medida se han instruido son los relativos a lesiones —106.841, representando el 77,4%—, las amenazas y coacciones —12.112, lo que supone un 8,9%—, las injurias y vejaciones injustas —3.139, siendo el 5,1% del total de denuncias— y, finalmente, el quebrantamiento de medidas de orden de protección o condena de alejamiento —6.984, que representa el 5,1% del total de delitos instruidos o investigados—.

Del total de personas enjuiciadas, por sexo, 19.751 han sido hombres y 235 mujeres. En estos momentos toca hacer un inciso: todos estos datos vienen a poner en evidencia, nuevamente, las insensibles y desafortunadas palabras tuiteras del Señor Toni Cantó, diputado de UPyD y portavoz de esta fuerza política en la Comisión de Igualdad en el Congreso, sobre las denuncias falsas y otras lindeces en la materia. ¡Ay, Ay, Señoría!.

Al final del proceso, alcanzado el juicio oral, se han dictado un total de 50.743 sentencias, de las cuales 20.459 fueron absolutorias y 30.284 condenatorias, representando el 40,32% y el 59,64% respectivamente sobre el total.

El número de órdenes de protección pedidas ha sido de 34.556, un 3,51% inferior al año 2011, de las cuáles se han acordado 21.245, lo que representa el 61% del total solicitadas. De estas, las medidas estrellas siguen siendo la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación, sumando ambas 34.445, representando el 81% sobre el total. Estas medidas son las que, a su vez, provocan con posterioridad los quebrantamientos de medidas de alejamiento a lo que antes hacíamos referencia.

Finalmente, y respecto de las medidas civiles que en esta materia de Violencia de Género igualmente pueden solicitar las víctimas, los juzgados y tribunales españoles han declarado a favor de ellas la atribución de la vivienda (4.266 atribuciones de viviendas, representando el 20,21%) y una prestación de alimentos para los hijos menores de edad (5.137, suponiendo el 24,2%). Todo ello en relación con un total de 20.473 asuntos civiles tramitados (número muy bajo en relación con los asuntos penales incoados, como ya hemos manifestado).

El propio Consejo General del Poder Judicial amplía toda esta información de síntesis en el documento llamado “El Observatorio informa” cuya lectura recomiendo.


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